A pesar de la magnitud del problema, una gran
parte de las administraciones del Estado que son competentes en combatir los
incendios forestales no es transparente a la hora de cumplir la ley vigente y
publicar los datos de presupuestos y gastos. Después de más de año y medio de
investigación y tras haber enviado 177 peticiones de información, salvo algunas
excepciones, las instituciones implicadas –principalmente las comunidades
autónomas- no han cumplido satisfactoriamente con la Ley 27/2006 por la que se
regulan los derechos de acceso a la información medioambiental y que las obliga
a entregar esos números.
En 2014, sólo Andalucía, Asturias,
Extremadura, Murcia y los ministerios de Presidencia y el MAGRAMA han
respondido conforme a los requerimientos de la legislación y han entregado
todos los datos solicitados sobre gasto público en prevención y extinción de
incendios entre 2001 y 2014. Algunas administraciones han servido datos
parciales; mientras que las consejerías de regiones tan castigadas por el fuego
como Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares o Madrid
han ejercido el silencio administrativo.
Más allá de las declaraciones y las
especulaciones de los responsables políticos, la oposición o de los propios
profesionales que luchan contra el fuego, el análisis de los datos obtenidos
permite demostrar que desde que comenzara la crisis económica en 2008 el
gasto público en prevención y extinción de incendios forestales ha disminuido
en la gran mayoría de las administraciones competentes. En muchos casos, de
forma drástica.
Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, apunta que
“todos los colectivos dedicados a incendios forestales hablan de recortes
presupuestarios”. Y añade: “los políticos no reconocen que esto está sucediendo
porque luego, si hay un incendio, no quieren asumir la responsabilidad de haber
disminuido el gasto”.
Para este análisis ha sido posible reunir los
datos consolidados de gasto público entre 2001 y 2014 (en algunos casos sólo
hasta 2013) de dos ministerios, nueve comunidades autónomas y el Cabildo de
Gran Canaria, con el fin de ofrecer una información documentada y poder así
contextualizar las quejas de unos y los silencios de otros. El análisis de los
datos demuestra que en materia de prevención de incendios forestales, nueve de
esas doce administraciones han reducido su gasto desde que comenzara la crisis
en 2008. Se pueden seguir todas las informaciones navegando en las
visualizaciones interactivas de más abajo, cuyas cifras en euros se han
ponderado con el histórico de inflación para darles un valor real actualizado.
En el capítulo de prevención destacan los
recortes próximos al 50 por ciento en Aragón (de 19,1 millones de euros a 9,4),
Asturias (de 16,1 millones a 8,5) o en Castilla y León (de 59,1 millones a
28,6).
En términos absolutos, los casos más
llamativos son los de Andalucía, que de 131,6 millones de euros en 2006 han
pasado a los 100,8 presupuestados en 2014; y el de Castilla y León, que redujo
su inversión en prevención en 30 millones entre lo invertido en 2008 y la
partida de 2013. Las consejerías de ambos gobiernos han declinado manifestarse
al respecto.
En cuanto a los presupuestos públicos en
extinción de incendios, ha habido recortes en la mayoría de las
administraciones que han servido datos, pero menos
llamativos que en materia de prevención. Así ha ocurrido en Andalucía, Aragón,
Asturias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia o el cabildo de Gran
Canaria. En Andalucía, por ejemplo, se presupuestaron 89 millones de euros en
2006, mientras que en 2014 son sólo 77. Como contraste, cabe destacar que el
MAGRAMA ha mantenido un gasto estable por encima de los 60 millones de euros
entre 2007 y 2014.
Son muchos los analistas y expertos que
aseguran que los responsables políticos prefieren invertir en extinción
antes que en prevención porque la primera actividad es más visible para los
ciudadanos, aunque no sea lo óptimo para una buena gestión del monte. Así
lo afirma Javier Blanco, técnico en análisis de incendios forestales: “cuando
sucede un fuego, la emergencia de la sociedad es apagarlo y se ven los
helicópteros, los aviones, los bomberos… Es espectacular y mediático, lo que
gusta a la mentalidad de los políticos”. Sin embargo, “ni la prevención ni los
árboles dan votos; la extinción y las personas, sí”, concluye Blanco.
A ese respecto, resulta elocuente que algunas
administraciones asignen más recursos a la extinción que a la prevención. Casos
representativos son los de Aragón, que destinó 11,4 millones de euros a la
extinción por 9,4 a la prevención en 2013; o Asturias, que ha presupuestado en
2014 cuatro millones más para la primera partida que para la segunda (12,7 por
8,5).
Entre las consecuencias de los recortes están
la precarización laboral de los profesionales que trabajan combatiendo
el fuego y, por tanto, un mayor riesgo de incendio para el monte. Vanessa
Molina es empleada de una brigada en la provincia de Toledo y vicepresidenta de
la Asociación Nacional de Bomberos Forestales. Cuenta que después del gran
incendio de Guadalajara de 2005 en el que murieron 11 brigadistas, se creó la empresa
pública GEACAM y las condiciones laborales mejoraron en Castilla-La Mancha:
“Éramos la envidia del resto de España, pero los recortes han llegado al número
de efectivos: en 2011 éramos 3.000 en cada campaña y ahora somos unos 1.850”.
Sostiene Molina que en su brigada de Anchuras
han pasado de ser 18 empleados en 2011 a siete en la presente campaña y
asegura: “en nuestra zona de control no hay labores de prevención en invierno.
Nos despiden el 30 de septiembre y trabajamos una media de 9 meses al año, así
que cuando volvemos te encuentras que el monte está abandonado”.
Precisamente en Castilla-La Mancha se
produjeron en julio pasado dos de los incendios más graves del año en España,
los iniciados en Aleas y Bustares, que en total calcinaron más de 3.000
hectáreas de hábitats de gran valor ambiental.
Un bombero que participó en la extinción del
fuego de Aleas, cuyo nombre oculta por temor a represalias laborales, apunta
que se hubiera podido atacar de inmediato si hubiera habido más efectivos: “en
2005 éramos 22 trabajadores en el retén de Cogolludo, hoy somos sólo diez”.
Además, desde 2013 trabajan sólo nueves meses, antes lo hacían todo el año: “da
mucha rabia que no se pueda hacer el trabajo de prevención invernal, si te das
un paseo por la zona del incendio de Aleas, se ve perfectamente dónde hubo una
labor de limpieza en invierno porque allí el incendio no llegó a las copas y
las pinadas se salvaron”.
Al igual que Castilla-La Mancha, la Comunidad
de Madrid (CAM) no ha proporcionado las cifras históricas de gasto público
contra los incendios forestales. La diputada socialista Amparo Valcarce afirma
que hay un “apagón estadístico” sobre este tema y que el INFOMA ─ plan anual
contra los incendios─, “no está ni siquiera contemplado en los presupuestos regionales”.
Los responsables de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía no han
respondido a la petición de entrevista para este reportaje. Su titular,
Salvador Victoria, dijo en sede parlamentaria que para el INFOMA de este año se
destinaban más de 38 millones de euros; en 2013 la cifra fue de 38,8 millones.
Miguel Higueras, secretario general de UGT de
los agentes forestales de Madrid, señala que el gasto del gobierno regional “es
un agujero negro, no creemos que haya habido recortes espectaculares, pero son
opacos porque temen que se sepa la cantidad de dinero que se mueve en este
negocio”.
Pero Íñigo Hernández, secretario de la
Asociación de Bomberos Forestales de la CAM, sí cree que ha habido recortes de
personal: “para la campaña de verano de 2014 se eliminaron los retenes de
Buitrago de Lozoya y Navalcarnero”.
“Nuestro trabajo es muy duro cuando hay
incendios, pero el salario apenas me llega para sobrevivir”. Quien así habla es
Cristóbal Medeiros, bombero de la brigada de refuerzo en incendios forestales
(BRIF) de Laza, una de las cuadrillas más atareadas. De los cien municipios
donde más fuegos se producen en España, 29 se ubican en la provincia de Orense.
Las BRIF dependen del MAGRAMA y sus actuales 545 trabajadores son contratados
por la empresa pública TRAGSA. Son diez unidades helitransportadas muy
cualificadas para la extinción y están repartidas por la geografía nacional.
Desde finales de agosto (2014), sus empleados
están llevando a cabo diversas movilizaciones para que se reconozca la
categoría profesional de bombero forestal, se conceda la jubilación anticipada
y se incrementen sus honorarios. Medeiros cuenta que sólo trabaja diez meses al
año y cobra 810 euros netos mensuales, incluidos en esa cantidad los pluses de
peligrosidad. El brigadista de Laza no entiende “por qué una empresa pública
busca beneficios sin dar unas condiciones laborales dignas a gente que se juega
la vida por los demás” cuando la compañía se beneficia desde 2006 de una
adjudicación directa de servicios sin concurso. TRAGSA ha declinado hablar para
este reportaje.
Medeiros se expresa con templanza y
determinación al otro lado del teléfono para defender los derechos laborales
del colectivo BRIF: “sinceramente, no me veo con 65 años subiéndome a un
helicóptero para ir a luchar contra las llamas”.
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